Ley 16.744

Ley 16.744 - Accidentes del TrabajoLey No 16.744: ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente PROYECTO DE LEY:

TITULO I (1-4)

OBLIGATORIEDAD, PERSONAS PROTEGIDAS Y AFILIACION.

Párrafo 1°

Obligatoriedad

1°.- Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la
presente ley.

§ 2. Personas protegidas

2° Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes
personas:

a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que
ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores
domésticos y los aprendices;

b) Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.

INCISO SEGUNDO DEROGADO.

c) Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso
para el respectivo plantel;

d) Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de un año, a contar
desde la vigencia de la presente ley, el financiamiento y condiciones en que deberán
incorporarse al régimen de seguro de esta ley las personas indicadas en las letras b) y
c) de este artículo.

No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la
oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de
seguro que establece esta ley las personas indicadas en la letra d).

3° Estarán protegidos también, todos los estudiantes por los accidentes
que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica
profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera
de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad,
financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro
escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgará y los
organismos, instituciones o servicios que administrarán dicho seguro.

Párrafo 3°

Afiliación.

4°.- La afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para
los demás efectos de seguridad social, se entenderá hecha, por el ministerio de la ley,
para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaje se encuentre
adherida a alguna Mutualidad.

Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse,
además, las siguientes reglas:

El dueño de la obra, empresa o faena, será, subsidiariamente, responsable de las
obligaciones que, en materia de afiliación y cotización, afecten a sus contratistas
respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación
con las obligaciones de sus subcontratistas.

TITULO II

Contingencias cubiertas

5° Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda
lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte.

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o
regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el
trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos
empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el
trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de
instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.

Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación
alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las
excepciones corresponderá al organismo administrador.

6°.- Los Consejos de los organismos administradores podrán otorgar el
derecho al goce de los beneficios establecidos en la presente ley, en caso de accidentes
debidos a fuerza mayor extraña al trabajo que afectare al afiliado en razón de su
necesidad de residir o desempeñar sus labores en el lugar del siniestro.

Las empresas y los fondos de los seguros de enfermedad y de pensiones respectivos,
deberán, en tal caso, integrar en el fondo de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de que se trate, las sumas equivalentes a las prestaciones que habrían
debido otorgar por aplicación de las normas generales sobre seguro de enfermedad o
medicina curativa, invalidez no profesional o supervivencia, en la forma que señale el
Reglamento.

En todo caso, los acuerdos a que se refiere el inciso primero, deberán ser sometidos
a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

7°.- Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como
profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador
el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que
se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido como consecuencia directa de la
profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo
administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que
deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.

TITULO III

Administración

8°.- La Administración del Seguro estará a cargo del Servicio de Seguro
Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades
de Empleadores, en conformidad a las reglas contenidas en los artículos siguientes.

9°.- Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro Social, el seguro
será administrado por éste, correspondiendo al Servicio Nacional de Salud otorgarles las
prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad temporal, sin perjuicio de las
demás funciones que le encomienda la presente ley.

El Servicio Nacional de Salud cumplirá sus funciones a través de sus servicios
técnicos, quienes proveerán los medios y el personal para realizar las obligaciones que
le encomienda la presente ley. Un comité asesor propondrá la política de acción, las
normas y los programas y la repartición del presupuesto para sus fines específicos.

El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a través del Departamento de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se crea con la presente ley y
cuya organización administrativa interna será determinada por un Reglamento que deberá
dictar el Presidente de la República.

El Presidente de la República queda facultado para modificar la Planta del Servicio
Nacional de Salud, cuando lo estime necesario para que esta institución amplíe sus
servicios de prevención y rehabilitación.

10°.- Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, administrará
este seguro el respectivo organismo previsional en que estén afiliados.

Estos organismos, en caso de carecer de adecuados servicios médicos propios, podrán
contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas. No obstante, para el Servicio
Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con
las Cajas que lo soliciten, sujeto ello al pago de las tarifas que fijará
periódicamente.

El Presidente de la República queda facultado para modificar las plantas del personal
de los organismos que, para otorgar tales prestaciones, opten por instalar sus propios
Servicios Médicos o ampliar los existentes. En la provisión de los cargos que se creen
en virtud de este facultad deberán observarse las normas que sobre ascensos contiene el
Estatuto Administrativo.

11°.- El seguro podrá ser administrado, también, por las Mutualidades de
Empleadores, que no persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de
los miembros adheridos a ellas.

12° El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas
Instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con
las siguientes condiciones:

a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en faenas
permanentes;

b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra
mutualidad, los que deben incluir servicios especializados, incluso en rehabilitación;

c) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales;

d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de
lucro, y

e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas
por ellas.

El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del plazo que fije el Presidente
de la República en el decreto que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las
exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso anterior.

En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus miembros deberán constituir
los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha
Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban hacerse cargo en el futuro,
del pago de tales pensiones.

En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el Estatuto
Orgánico de las Mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en
conformidad al artículo siguiente.

Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de
Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y
reglamentos orgánicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los acuerdos de los directorios
de estas mutualidades que se refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales, serán
elevados en consulta a la Superintendencia de Seguridad Social.

Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de legalidad o conveniencia a los
directorios de dichas mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a la
mencionada Superintendencia de Seguridad Social.

En casos calificados, la Superintendencia podrá disponer que una o más de estas
entidades, que a su juicio requieran de un control especial, le eleven en consulta los
acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que ella fije.

En los casos a que se refieren los tres incisos precedentes, la Superintendencia de
Seguridad Social se pronunciará en los términos establecidos en el artículo 46° de la
ley 16.395.

La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones obligatorias que
sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo de
este artículo.

13°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo
de un año, contado desde la publicación de la presente ley, dicte el Estatuto Orgánico
por el que se habrán de regir estas Mutualidades.

Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas instituciones esté
integrado, paritariamente, por representantes de los empleadores y de los trabajadores y
la forma como se habrá de elegir al presidente de la institución, el cual lo será,
también, del Directorio.

14° Los organismos administradores no podrán destinar a gastos de
administración una suma superior al 10% de los ingresos que les correspondan para este
seguro. Sin perjuicio de dicho porcentaje máximo, a las Mutualidades no podrá
fijárseles menos del cinco por ciento de sus ingresos para tales gastos en los decretos
en que se aprueban las estimaciones presupuestarias de esta ley.

TITULO IV

15° El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales se
financiará con los siguientes recursos:

a) Con una cotización básica general del 0,90% de las remuneraciones imponibles, de
cargo del empleador;

b) Con una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de
la empresa o entidad empleadora, la que será determinada por el Presidente de la
República y no podrá exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles, que también
será de cargo del empleador, y que se fijará sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16°;

c) Con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique en
conformidad a la presente ley;

d) Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva, y

e) Con las cantidades que les corresponda por el ejercicio del derecho de repetir de
acuerdo con los artículos 56° y 69°.

16° Las empresas o entidades que implanten o hayan implantado medidas de
prevención que rebajen apreciablemente los riesgos de accidentes del trabajo o de
enfermedades profesionales, podrán solicitar que se les reduzca la tasa de cotización
adicional o que se les exima de ella si alcanzan un nivel óptimo de seguridad.

Las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad y/o
higiene, o que no implanten las medidas de seguridad que el organismo competente les
ordene, deberán cancelar la cotización adicional con recargo de hasta el 100%, sin
perjuicio de las demás sanciones que les correspondan.

Las exenciones, rebajas o recargos de la cotización adicional se determinarán por
las mutualidades de empleadores respecto de sus empresas adherentes y por los Servicios de
Salud respecto de las demás empresas, en relación con la magnitud de los riesgos
efectivos y las condiciones de seguridad existentes en la respectiva empresa, sin
perjuicio de los demás requisitos que establece este artículo y el reglamento.

Las empresas podrán reclamar de lo resuelto por la respectiva Mutualidad de
Empleadores ante la Superintendencia de Seguridad Social, en conformidad al inciso tercero
del artículo 77 de esta ley, la que para resolver, si lo estima pertinente, podrá
solicitar informe al Servicio de Salud correspondiente.

El reglamento establecerá los requisitos y proporciones de las rebajas y recargos,
así como también la forma, proporciones y plazos en que se concederán o aplicarán.

17°.- Las cotizaciones se calcularán sobre la base de las mismas
remuneraciones o rentas por las que se cotiza para el régimen de pensiones de la
respectiva institución de previsión del afiliado.

Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caja de Previsión, se considerarán
parte integrante de su sistema impositivo, gozando por lo tanto de los mismos privilegios
y garantías. Asimismo, el incumplimiento de enterar las cotizaciones tendrá las mismas
sanciones que las leyes establecen o establezcan en el futuro para dicho sistema.

18°.- En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar de parte de
los empleadores afectos a alguna Mutualidad, deberán observarse las siguientes reglas:

a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones adeudadas;

b) El infractor deberá pagar un interés penal de un 3% mensual sobre el monto de lo
adeudado, y

c) En la misma liquidación se impondrá, también, una multa cuyo monto será
equivalente al 50% de las imposiciones adeudadas, y en ningún caso, inferior a medio
sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago.

Esta multa se recargará en un 50% si la infracción se produce con posterioridad a
haberse verificado un accidente o enfermedad por algún trabajador.

La liquidación aprobada por el presidente de la respectiva Mutualidad tendrá mérito
ejecutivo y su notificación y cobro se ajustarán a las mismas normas que rigen para el
sistema de cobranza judicial del Servicio de Seguro Social, gozando, también, del mismo
privilegio.

19°.- El régimen financiero del seguro será el de reparto. Pero deberá
formarse una reserva de eventualidades no inferior al 2% ni superior al 5% del ingreso
anual.

20° Respecto de las Mutualidades, el estatuto orgánico de ellas deberá
establecer que estas instituciones formen, además de la reserva de eventualidades a que
se refiere el artículo anterior, una reserva adicional para atender el pago de las
pensiones y de sus futuros reajustes.

21° Mediante decreto supremo se determinará la proporción en que se
distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, el
producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro.

Los demás organismos administradores, con excepción de las Mutualidades de
Empleadores, deberán, además, entregar al Servicio Nacional de Salud un determinado
porcentaje de sus ingresos, el que será determinado, respecto de cada cual, por el
Presidente de la República, para que esta institución lo dedique exclusivamente al
financiamiento de sus labores de inspección, prevención de riesgos profesionales,
rehabilitación y reeducación de inválidos.

Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio, en los fondos respectivos de las
diversas cajas de previsión serán distribuidos de acuerdo con las normas que establezca
el reglamento, debiéndose aportar por duodécimos presupuestarios y haciéndose los
ajustes que correspondan de acuerdo a sus balances anuales.

22°.- DEROGADO.

23°.- Todas las sumas que corresponda percibir al Servicio Nacional de
Salud, por aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se contabilizarán por separado
y este organismo deberá destinarlas exclusivamente a los objetivos que esta ley le
encomienda.

24°.- Créase un fondo especial destinado a la rehabilitación de
alcohólicos que será administrado por el Servicio Nacional de Salud y que se formará
hasta con el 10% de los excedentes a que se refiere el inciso tercero del artículo 21° y
con el 10% de las multas de cualquiera naturaleza que se apliquen en conformidad a la
presente ley.

El Servicio Nacional de Salud destinará estos recursos preferentemente a la
construcción, habilitación y funcionamiento de clínicas para el uso de las
instituciones con personalidad jurídica que existan o se constituyan exclusivamente con
la finalidad señalada, a las que podrá también otorgar subvenciones de acuerdo con sus
necesidades.

Un reglamento que el Presidente de la República dictará, dentro del plazo de 180
días desde la fecha de la promulgación de la ley, determinará la forma de administrar y
distribuir estos recursos.

24° bis.- Las Mutualidades de Empleadores estarán exentas de la
obligación de efectuar aportes para el financiamiento del seguro de las personas a que se
refieren el inciso final del artículo 2° y el artículo 3° de esta ley.

TITULO V

Prestaciones

Párrafo 1°

Definiciones

25°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por “entidad empleadora” a
toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione trabajo: y por “trabajador”
a toda persona, empleado u obrero, que trabaje para alguna empresa, institución, servicio
o persona.

26° Para los efectos del cálculo de las pensiones e indemnizaciones, se
entiende por sueldo base mensual el promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a
cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en los últimos seis
meses, inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de
enfermedad profesional.

En caso que la totalidad de los referidos seis meses no estén cubiertos por
cotizaciones, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas por
las cuales se han efectuado cotizaciones.

El trabajador podrá acreditar, en todo caso, que ha percibido una remuneración
superior a aquélla por la cual se le hicieron las cotizaciones, debiendo entonces
calcularse el sueldo base sobre la renta efectivamente percibida, sin perjuicio de que la
respectiva institución previsional persiga el pago de las cotizaciones adeudadas, con sus
intereses y multas, por la diferencia entre la remuneración real y la declarada para los
efectos previsionales. Al empleador, también se le aplicará la sanción máxima
establecida en el artículo 80°.

Si el accidente o enfermedad ocurre antes que hubiere correspondido enterar la primera
cotización, se tendrá por sueldo base el indicado como sueldo o renta en el acto de la
afiliación o el que tuvo derecho a percibir a la fecha en que la afiliación debió
efectuarse.

Para calcular el sueldo base mensual, las remuneraciones o rentas que se consideren,
se amplificarán en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el sueldo vital, escala
A) del departamento de Santiago, desde la fecha en que ellas fueros percibidas hasta la
fecha a partir de la cual se declaró el derecho a pensión.

En ningún caso el sueldo base mensual será inferior al sueldo vital mensual, escala
A) del departamento de Santiago o al salario mínimo industrial, según fuere la actividad
profesional del afiliado, vigente a la fecha a partir de la cual se declaró el derecho a
pensión.

27°.- Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes categorías,
según los efectos que produzcan:

1.- Que producen incapacidad temporal;

2.- Que producen invalidez parcial;

3.- Que producen invalidez total;

4.- Que producen gran invalidez, y

5.- Que producen la muerte.

28°.- Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deben
otorgar, tanto en caso de accidente del trabajo como de enfermedad profesional.

Párrafo 2°

Prestaciones médicas

29°.- La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional
tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su
curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la
enfermedad o accidente:

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;

c) Medicamentos y productos farmacéuticos;

d) Prótesis y aparatos ortópedicos y su reparación;

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y

f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de
estas prestaciones.

También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los asegurados que se
encuentren en la situación a que se refiere el inciso final del artículo 5° de la
presente ley.

3. Prestaciones por incapacidad temporal

30° La incapacidad temporal da derecho al accidentado o enfermo a un
subsidio al cual le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 3°, 7°,
8°, 10, 11, 17, 19 y 22 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, en el inciso segundo del
artículo 21 de la ley N° 18.469 y en el artículo 17 del decreto ley N° 3.500 de 1980.

En todo caso, el monto del subsidio se reajustará en un porcentaje equivalente al
alza que experimenten los correspondientes sueldos y salarios en virtud de leyes
generales, o por aplicación de convenios colectivos de trabajo.

31°.- El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento,
desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación
del afiliado o su declaración de invalidez.

La duración máxima del período del subsidio será de 52 semanas, el cual se podrá
prorrogar por 52 semanas más cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la
víctima o para atender a su rehabilitación.

Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso, no se hubiere logrado la
curación, y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de
invalidez.

32°.- El subsidio se pagará incluso por los días feriados y no estará
afecto a descuentos por concepto de impuestos o cotizaciones de previsión social.

El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su otorgamiento, se
considerará como activo en la respectiva institución de previsión social para todos los
efectos legales.

33°.- Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o
dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del
subsidio a pedido del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico
correspondiente.

El afectado podrá reclamar en contra de esta resolución ante el Jefe del Area
respectiva del Servicio Nacional de Salud, de cuya resolución, a su vez, podrá apelar
ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

Párrafo 4°

Prestaciones por invalidez

34°.- Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido una
disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a
un 15% e inferior a un 70%.

35°.- Si la disminución es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%,
la victima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo monto no excederá de 15
veces el sueldo base y que se determinará en función de la relación entre dicho monto
máximo y el valor asignado a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones
previstas en el Reglamento.

En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a medio sueldo vital
mensual del departamento de Santiago.

36° La indemnización global establecida en el artículo anterior se
pagará de una sola vez o en mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá a 30
veces el subsidio diario que se determine en conformidad al artículo 30° de esta ley, a
opción del interesado. En el evento de que hubiera optado por el pago en cuotas podrá no
obstante solicitar en cualquier momento el pago total del saldo insoluto de una sola vez.

37°.- El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el
trabajo, le produjere una mutilación importante o una deformación notoria, será
considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes.

En tal caso, tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo 35°, que
será fijada, por el organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o
deformación. La mutilación importante o deformación notoria, si es en la cara, cabeza u
órganos genitales dará derecho al máximo de la indemnización establecida en dicho
artículo.

38°.- Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual o superior a
un 40% e inferior a un 70%, el accidentado o enfermo tendrá derecho a una pensión
mensual, cuyo monto será equivalente al 35% del sueldo base.

39°.- Se considerará inválido total a quien haya sufrido una disminución
de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanentemente igual o superior a un 70%.

El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente al 70% de su
sueldo base.

40°.- Se considerará gran inválido a quien requiere del auxilio de otras
personas para realizar los actos elementales de su vida.

En caso de gran invalidez la víctima tendrá derecho a un suplemento de pensión,
mientras permanezca en tal estado, equivalente a un 30% de su sueldo base.

41°.- Los montos de las pensiones se aumentarán en un 5% por cada uno de
los hijos que le causen asignación familiar al pensionado, en exceso sobre dos, sin
perjuicio de las asignaciones familiares que correspondan.

En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del 50%, 100% ó 140% del sueldo base,
según sean por invalidez parcial, total, o gran invalidez, respectivamente.

La cuantía de la pensión será disminuida o aumentada cada vez que se extinga o
nazca el derecho a los suplementos a que se refiere el inciso primero de este artículo.

42°.- Los organismos administradores podrán suspender el pago de las
pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que
les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a someterse a los procesos
necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean
indicados.

El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Párrafo 5°

Prestaciones por supervivencia.

43°.- Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o si
fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos, naturales, ilegítimos
o adoptivos, la madre de sus hijos naturales, así como también los ascendientes o
descendientes que le causaban asignación familiar, tendrán derecho a pensiones de
supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.

44°.- La cónyuge superviviente mayor de 45 años de edad, o inválida de
cualquiera edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la
pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado
totalmente, o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte.

Igual pensión corresponderá a la viuda menor de 45 años de edad, por el período de
un año, el que se prorrogará por todo el tiempo durante el cual mantenga a su cuidado
hijos legítimos que le causen asignación familiar. Si al término del plazo o de su
prórroga hubiere cumplido los 45 años de edad, la pensión se transformará en
vitalicia.

Cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.

Sin embargo, la viuda que disfrutare de pensión vitalicia y contrajere matrimonio
tendrá derecho a que se le pague, de una sola vez, el equivalente a dos años de su
pensión.

45°.- La madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que
hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su muerte, tendrá
también derecho a una pensión equivalente al 30% de la pensión básica que habría
correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica
que perciba en el momento de la muerte, sin perjuicio de las pensiones que correspondan a
los demás derecho-habientes.

Para tener derecho a esta pensión el causante debió haber reconocido a sus hijos con
anterioridad a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.

La pensión será concedida por el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que
señala el artículo anterior respecto de la pensión por viudez.

Cesará el derecho si la madre de los hijos naturales del causante que disfrute de
pensión vitalicia, contrajere nuevas nupcias, en cuyo caso tendrá derecho también a que
se le pague de una sola vez, el equivalente a dos años de su pensión.

46°.- El viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge
afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la viuda inválida.

47° Cada uno de los hijos del causante, menores de 18 años o mayores de
esa edad, pero menores de 24 años, que sigan estudios regulares secundarios, técnicos o
superiores, o inválidos de cualquiera edad, tendrán derecho a percibir una pensión
equivalente al 20% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento de la
muerte.

48°.- A falta de las personas designadas en las disposiciones precedentes,
cada uno de los ascendientes y demás descendientes del causante que le causaban
asignación familiar tendrán derecho a una pensión del mismo monto señalado en el
artículo anterior.

Estos descendientes tendrán derecho a la pensión mencionada en el inciso anterior
hasta el último día del año en que cumplieran 18 años de edad.

49°.- Si los descendientes del afiliado fallecido carecieren de padre y
madre, tendrán derecho a la pensión a que se refieren los artículos anteriores
aumentada en un 50%.

En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones
que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el Reglamento.

50°.- En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder en su
conjunto, del 100% de la pensión total que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión total que percibía en el momento de la
muerte, excluido el suplemento por gran invalidez, si lo hubiere.

Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso
anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que
acrecerán, también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos a medida que
alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

6. Cuota mortuoria

ARTICULO 51°.- DEROGADO

Párrafo 7°

Normas Generales

52°.- Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que
establece la presente ley, son incompatibles con las que contemplan los diversos
regímenes previsionales. Los beneficiarios podrán optar, entre aquéllas y éstas, en el
momento en que se les haga el llamamiento legal.

53°.- El pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional que
cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente régimen
previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales
pertinentes, dejando de percibir la pensión de que disfrutaba.

En ningún caso la nueva pensión podrá ser inferior al monto de la que disfrutaba,
ni al 80% del sueldo base que sirvió para calcular la pensión anterior, amplificado en
la forma que señalan los artículos 26° y 41° y su pago se hará con cargo a los
recursos que la respectiva institución de previsión social debe destinar al pago de
pensiones de vejez.

Los pensionados por invalidez parcial que registren con posterioridad a la
declaración de invalidez, 60 o más cotizaciones mensuales, como activos en su
correspondiente régimen previsional tendrán derecho a que la nueva pensión a que se
refieren los incisos anteriores, no sea inferior al 100% del sueldo base mencionado en el
inciso precedente.

54°.- Los pensionados por accidentes o enfermedades profesionales deberán
efectuar en el organismo previsional en que se encuentren afiliados las mismas
cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también, de los mismos beneficios por lo
que respecta a atención médica, asignaciones familiares y demás que sean procedentes.

55°.- Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas
por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales las disposiciones legales y
resoluciones que sobre reajuste, revalorización y montos mínimos rijan en el régimen de
pensiones de vejez a que pertenecía la víctima, beneficios que se concederán con cargo
a los recursos del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

56°.- El retardo de la entidad empleadora en el pago de las cotizaciones,
no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del derecho a las prestaciones establecidas
en esta ley.

Los organismos administradores otorgarán al accidentado o enfermo las prestaciones
respectivas, debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y
multas, en la forma que corresponda.

En los casos de siniestro en que se establezca el incumplimiento de la obligación de
solicitar la afiliación por parte de un empleador, éste estará obligado a reembolsar al
organismo administrador el total del costo de las prestaciones médicas y de subsidio que
se hubieren otorgado y deban otorgarse a sus trabajadores, sin perjuicio del pago de las
cotizaciones adeudadas y demás sanciones legales que procedan.

57° El reglamento determinará la forma en que habrán de concurrir al pago
de las pensiones o indemnizaciones causadas por enfermedad profesional los distintos
organismos administradores en que, desde la fecha de vigencia de esta ley, haya estado
afiliado el enfermo.

En todo caso, las concurrencias se calcularán en relación con el tiempo de
imposiciones existentes en cada organismo administrador y en proporción al monto de la
pensión o indemnización fijada de acuerdo con las normas de este seguro.

El organismo administrador a que se encuentre afiliado el enfermo al momento de
declararse su derecho a pensión o indemnización deberá pagar la totalidad del beneficio
y cobrará posteriormente, a los de anterior afiliación, las concurrencias que
correspondan.

TITULO VI

Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades

58° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las
incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud. Sin
embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación,
reevaluación y revisión de las incapacidades permamentes derivadas de accidentes del
trabajo corresponderá a estas instituciones.

Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se refiere
este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y
reglamentarias aplicables a los otros administradores del seguro de esta ley.

59°.- Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo
se harán en función de su incapacidad para procurarse por medio de un trabajo
proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración
equivalente al salario o renta que gana una persona sana en condiciones análogas y en la
misma localidad.

60° Para los efectos de determinar las incapacidades permanentes, el
reglamento las clasificará y graduará, asignando a cada cual un porcentaje de
incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.

El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el médico
especialista del Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades en los casos de
incapacidades permanentes de sus afiliados derivadas de accidentes del trabajo, dentro de
la escala preestablecida por el reglamento. El facultativo, al determinar el porcentaje
exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores, la edad, el sexo y
la profesión habitual del afiliado.

En los casos en que se verifique una incapacidad no graduada ni clasificada
previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista del
Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades, en su caso, sujetándose para ello, al
concepto dado en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el
inciso precedente.

61°.- Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o enfermedad,
también de origen profesional, procederá a hacer una reevaluación de la incapacidad en
función del nuevo estado que presente.

Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra afiliado a un
organismo administrador distinto del que estaba cuando se produjo la primera incapacidad,
será el último organismo el que deberá pagar, en su totalidad, la prestación
correspondiente al nuevo estado que finalmente presente el inválido. Pero si el anterior
organismo estaba pagando una pensión, deberá concurrir asl pago de la nueva prestación
con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

62°.- Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad
cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional.

Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de esta reevaluación, serán en su
integridad, de cargo del Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del
organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con cargo al seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una
pensión periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una
suma equivalente al monto de dicha pensión.

63°.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación,
mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se
concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá
su monto.

La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que
determine el reglamento.

64°.- En todo caso, durante los primeros ocho años contados desde la fecha
de concesión de la pensión, el inválido deberá someterse a examen cada dos años.
Pasado aquel plazo el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los casos
y con la frecuencia que determine el reglamento.

El reglamento determinará los casos en que podrá prescindirse del examen a que se
refieren las disposiciones precedentes.

Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener también en cuenta las nueva
posibilidades que haya tenido el inválido para actualizar su capacidad residual de
trabajo.

TITULO VII

Prevención de riesgos profesionales

65°.- Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general
en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de
todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se
realicen.

La competencia a que se refiere el inciso anterior la tendrá el Servicio Nacional de
Salud incluso respecto de aquellas empresas del Estado que, por aplicación de sus leyes
orgánicas que las rigen, se encuentren actualmente exentas de este control.

Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las
instalaciones médicas de los demás organismos administradores, de la forma y condiciones
cómo tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las
actividades de prevención que realicen.

66° En toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán
funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, que tendrán las
siguientes funciones:

1.- Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los
instrumentos de protección;

2.- Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores,
de las medidas de prevención, higiene y seguridad.

3.- Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
que se produzcan en la empresa y de cualquiera otra afección que afecte en forma
reiterada o general a los trabajadores y sea presumible que tenga su origen en la
utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud;

4.- Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para
la prevención de los riesgos profesionales;

5.- Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo
administrador respectivo.

El representante o los representantes de los trabajadores serán designados por los
propios trabajadores.

El reglamento deberá señalar la forma cómo habrán de constituirse y funcionar
estos comités.

En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100
trabajadores será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará
parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.

Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de
prevención que les indique el Departamento de Prevención y/o el Comité Paritario; pero
podrán apelar de tales resoluciones ante el respectivo organismo administrador, dentro
del plazo de 30 días, desde que le sea notificada la resolución del Departamento de
Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

El incumplimiento de las medidas acordadas por el Departamento de Prevención o por el
Comité Paritario, cuando hayan sido ratificadas por el respectivo organismo
administrador, será sancionado en la forma que preceptúa el artículo 68°.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las actividades a que se refiere el
artículo 162°-A del decreto ley 2.200, de 1978.

66° Bis.- Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la
realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el
cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a
higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su
dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.

Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá
confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el
que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos
empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores
condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho
reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante
y las sanciones aplicables.

Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de
un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos
para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores
exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad
de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su
dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán
determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

67°.- Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con
las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la
aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección
personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan
las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La
aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III
del Libro I del Código del Trabajo.

68°.- Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de
higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de
Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el
que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.

El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de
Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código
Sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo
administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en
conformidad a lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e
implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si
no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa el
inciso anterior.

El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres,
minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los
trabajadores o de la comunidad.

69°.- Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la
entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan,
deberán observarse las siguientes reglas:

a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del
accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y

b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño
podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras
indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común,
incluso el daño moral.

70°.- Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable
de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 68°, aún en el caso de que él mismo hubiere sido víctima del accidente.

Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si medió
negligencia inexcusable.

71°.- Los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional deberán ser
trasladados, por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas donde no estén
expuestos al agente causante de la enfermedad.

Los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos
de los organismos administradores, deberán ser autorizados por su empleador para su
asistencia, y el tiempo que en ello utilicen será considerado como trabajado para todos
los efectos legales.

Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al
riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico semestral de tales
trabajadores.

TITULO VIII

Disposiciones finales

Párrafo 1°

Administración delegada.

72°.- Las empresas que cumplan con las condiciones que señala el inciso
siguiente del presente artículo, tendrán derecho a que se les confiera la calidad de
administradoras delegadas del seguro, respecto de sus propios trabajadores, en cuyo caso
tomarán a su cargo el otorgamiento de las prestaciones que establece la presente ley, con
excepción de las pensiones.

Tales empresas deberán ocupar habitualmente dos mil o más trabajadores, deben tener
un capital y reservas superior a siete mil sueldos vitales anuales, escala A) del
departamento de Santiago y cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación;

b) Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y
enfermedades profesionales;

c) Constituir garantías suficientes del fiel cumplimiento de las obligaciones que
asumen, ante los organismos previsionales, que hubieren delegado la administración, y

d) Contar con el o los Comités Paritarios de Seguridad a que se refiere el artículo
66°.

Los organismos administradores deberán exigir a las empresas que se acojan a este
sistema, un determinado aporte cuya cuantía la fijarán de acuerdo con las normas que
establezca el reglamento.

El monto de tales aportes será distribuido entre el Servicio Nacional de Salud y los
demás organismos administradores delegantes en la forma y proporciones que señale el
Reglamento.

73°.- Los organismos administradores podrán también convenir con
organismos intermedios o de base que éstos realicen, por administración delegada, alguna
de sus funciones, especialmente las relativas a otorgamiento de prestaciones médicas,
entrega de prestaciones pecuniarias u otras en la forma y con los requisitos que señale
el Reglamento.

74°.- Los servicios de las entidades con administración delegada serán
supervigilados por el Servicio Nacional de Salud y por la Superintendencia de Seguridad
Social, cada cual dentro de sus respectivas competencias.

75°.- Las delegaciones de que trata el artículo 72° deberán ser
autorizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, previo informe del Servicio
Nacional de Salud.

2. Procedimiento y recursos

76° La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador
respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus
derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como
igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de
denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad
empleadora no hubiere realizado la denuncia.

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que
hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud.

Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los
accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad
que señale el reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del
trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección
del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la
ocurrencia de cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de
Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta
obligación.

En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas
afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de
trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización
del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias
constatadas.

Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas
con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias
mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el
inciso cuarto.

77° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los
organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de
las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaidas en
cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás
resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90
días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la
resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que
establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada,
el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos.

77 bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un
reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones
de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección
invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el
organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la
licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar
las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos
posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad
interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el
rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia
exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a
ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se
requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los
exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron
otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se
proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la
Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la
Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de
aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este
último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la
parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a
que esté afiliado.

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda
reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento
de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se
refiere la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del
respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el
requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo.
Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas
adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del
señalado requerimiento de pago.

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes
de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad
Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud,
el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá
devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones
que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté
afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez
días, contados desde que se efectuó el reembolso.

Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren
sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución
de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del
valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de
salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas.

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se
considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que
las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.

78°.- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales estará compuesta por:

a) Dos médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno de los cuales
la presidirá;

b) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de los
trabajadores;

c) Un médico en representación de las organizaciones más representativas de las
entidades empleadoras, y

d) Un abogado.

Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República,
en la forma que determine el Reglamento.

El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la
que en todo caso, estará sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad
Social.

Párrafo 3° (Arts. 79-80

Prescripción y sanciones.

79°.- Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado
desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la
neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue
diagnosticada.

Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años.

80°.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo
que tengan señalada una sanción especial, serán penadas con una multa de uno a
veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago. Estas
multas serán aplicadas por los organismos administradores.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta.

Párrafo 4°

Disposiciones varias

81°.- Fusiónanse la actual Caja de Accidentes del Trabajo con el Servicio
de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual se transferirá el activo y
pasivo de esa Caja.

El Fondo de Garantía, que actualmente administra la Caja, se transferirá, también,
al Servicio de Seguro Social e ingresará al respectivo Fondo de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Accidentes del Trabajo tiene destinados
a los servicios hospitalarios o médicos en general y a la prevención de riesgos
profesionales, serán transferidos por el Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional
de Salud.

Las transferencias a que se refiere este artículo estarán exentas de todo impuesto,
así como también del pago de los derechos notariales y de inscripción.

82°.- El personal que trabaja en la Caja de Accidentes del Trabajo en
funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y técnica de salud, higiene y
seguridad industrial, pasará a incorporarse al Servicio Nacional de Salud. El resto del
personal se incorporará a la planta del Servicio de Seguro Social. Con motivo de la
aplicación de la presente ley no se podrán disminuir remuneraciones, grados o
categorías ni suprimir personal o alterarse el régimen previsional y de asignaciones
familiares que actualmente tienen. Asimismo, mantendrán su representación ante el
Consejo del organismo previsional correspondiente por un plazo de dos años.

El personal que trabaja en las Secciones de Accidentes del Trabajo y Administrativa de
Accidentes del Trabajo en las Compañías de Seguros, será absorbido por el Servicio
Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo con las funciones que
desempeñe, a medida que las Compañías de Seguros empleadoras lo vaya desahuciando por
terminación de los departamentos o secciones en que presta servicios. Estos personales
serán incorporados a las plantas permanentes de ambos servicios y continuarán recibiendo
como remuneraciones el promedio de las percibidas durante el año 1967, con más un 15% si
la incorporación les fuere hecha durante 19% de la cantidad anterior aumentada en el
mismo porcentaje en que hubiere aumentado en 1969, el sueldo vital, escala A) del
departamento de Santiago, si la incorporación es hecha durante el curso del año 1969. En
uno y otro caso con el reajuste que habría correspondido además por aplicación de la
ley N° 7.295.

El personal de la Planta se Servicios Menores de la Caja de Accidentes del Trabajo,
actualmente imponente del Servicio de Seguro Social, pasará a ser imponente de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

83° El Servicio de Minas del Estado continuará ejerciendo en las faenas
extractivas de la minería las atribuciones que en materia de seguridad le fueron
conferidas por la letra i) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 152, de 1960, y
por el Reglamento de Policía Minera aprobado por decreto 185, de 1946, del Ministerio de
Economía y Comercio y sus modificaciones posteriores.

El Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Minas del Estado estarán facultados
para otorgarse delegaciones recíprocas, para obtener un mayor aprovechamiento del
personal técnico.

El Presidente de la República determinará la forma como se coordinarán ambos
Servicios y establecerá una Comisión Mixta de Nivel Nacional integrada por
representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Salud
y Servicio de Minas del Estado que aprobará las normas sobre seguridad en las faenas
mineras y resolverá los problemas de coordinación que puedan suscitarse entre ambos
Servicios.

Facúltase al Presidente de la República para modificar las plantas del Servicio
Nacional de Salud o del Servicio de Seguro Social con el objeto de incorporar en ellas a
los personales a que se refieren este artículo y los anteriores.

84°.- Los hospitales de la actual Caja de Accidentes del Trabajo ubicados
en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción, Temuco, Osorno y Valdivia y la Clínica
Traumatológica de Antofagasta, se mantendrán como Centros de Traumatología y Ortopedia
una vez fusionados estos dos servicios.

Para los efectos de futuros concursos de antecedentes para optar a cargos médicos, de
dentistas, farmacéuticos, administrativos o de cualquier otro, en el Servicio Nacional de
Salud o en el Servicio de Seguro Social, los años de antigüedad y la categorí a de los
cargos desempeñados en la Caja de Accidentes del Trabajo serán computados con el mismo
valor en puntaje que actualmente se asignan a tales antecedentes en el Servicio Nacional
de Salud y en el Servicio de Seguro Social.

Los antecedentes de los profesionales afectos a la ley N° 15.076 que tengan
acreditados ante la Caja de Accidentes del Trabajo, y que, por aplicación de la presente
ley deban ingresar al Servicio Nacional de Salud, valdrán ante este último organismo en
idéntica forma que si lo hubieren acreditado ante él.

Los profesionales funcionarios se mantendrán en sus cargos de planta que tengan a la
fecha de publicación de la presente ley, rigiéndose en lo futuro por las disposiciones
del Estatuto Médico-Funcionario.

85° Reemplázase el artículo transitorio N° 3° de la ley 8.198, por el
siguiente: “3° transitorio Los aparatos y equipos de protección destinados a
prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los instrumentos
científicos destinados a la investigación y medición de los riesgos profesionales que
el Servicio Nacional de Salud indique, así como también los instrumentos quirúrgicos,
aparatos de rayos X y demás instrumentales que sean indicados por dicho Servicio, serán
incluidos en las listas de importación permitida del Banco Central de Chile y de la
Corporación del Cobre y estarán liberados de depósitos, de derechos de internación, de
cualquier otro gravamen que se cobre por las Aduanas y de los otros impuestos a las
importaciones, a menos que ellos se fabriquen en el país en condiciones favorables de
calidad y precio”.

86°.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 62° de la ley N°
16.395, la frase “uno por mil”, por “dos por mil”.

87°.- La Superintendencia de Seguridad Social podrá aplicar a las
Compañías de Seguros que no den completo y oportuno cumplimiento a las disposiciones de
esta ley, las sanciones establecidas en la ley N° 16.395.

88°.- Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e
irrenunciables.

89°.- En ningún caso las disposiciones de la presente ley podrán
significar disminución de derechos ya adquiridos en virtud de otras leyes.

90°.- Deróganse el Título II, del Libro II del Código del Trabajo, la
ley N° 15.477 y toda otra norma legal o reglamentaria contraria a las disposiciones
contenidas en la presente ley.

91°.- La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo de tres meses
contado desde su publicación en el Diario Oficial.

TITULO IX

92°.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 32° de la ley N°
6.037, por los siguientes:

“La pensión de montepío se difiere el día del fallecimiento.

En caso de pérdida o naufragio de una nave, de muerte por sumersión o por otro
accidente marítimo o aéreo, si no ha sido posible recuperar los restos del imponente,
podrá acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos de esta ley, con un
certificado expedido por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante o la Dirección de
Aeronáutica, según proceda, que establezca la efectividad del hecho, la circunstancia de
que el causante formaba parte de la tripulación o del pasaje y que determine la
imposibilidad de recuperar sus restos, y que permita establecer que el fallecimiento se ha
producido a consecuencia de dicha pérdida, naufragio o accidente”.

93°.- Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso primero del
artículo 33° de la ley N° 6.037:

“El padre y la madre del imponente, por los cuales éste haya estado percibiendo
asignación familiar, concurrirán en el montepío, conjuntamente con la cónyuge y los
hijos, con una cuota total equivalente a la que corresponda a un hijo legítimo.”

94°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 30° de la
ley N° 10.662:

a) Intercálase a continuación de la palabra “sumersión”, suprimiendo la coma (,) la
siguiente frase seguida de una coma (,): “u otro accidente marítimo o aéreo,”, y
b) Intercálase después de la palabra “Mercante” la siguiente frase: “o la Dirección
de Aeronáutica, según proceda”.

95°.- Aclárase que, a contar desde la fecha de vigencia de la ley N°
15.575, el fallecimiento de cualquiera de los beneficiarios ha estado y está incluido
entre las causales que dan lugar al acrecimiento de montepío contemplado en inciso
segundo del artículo 33° de la ley N° 6.037.

96°.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 40° de la ley N° 15.386:
“Gozarán también del beneficio de desahucio establecido por el presente artículo
los beneficiarios de montepío del imponente fallecido sin haberse acogido al beneficio de
jubilación. El desahucio se distribuirá en este caso en el orden y proporción que
establecen los artículos 30° y 33° de la ley N° 6.037.”.

97°.- La modificación del artículo 40° de la ley N° 15.386 ordenada por
el artículo precedente regirá a contar desde el 1° de Enero de 1967.

98°.- Los beneficiarios de montepío de los imponentes de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros
Marítimos de la misma desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe tendrán derecho
a optar a la adjudicación de viviendas que pueda tener disponible la institución, sin
sujeción al sistema de puntaje establecido en el Reglamento General de Préstamos
Hipotecarios para las instituciones de previsión regidas por el DFL N° 2, de 1959,
siempre que el causante no hubiese obtenido de la institución un beneficio similar, o un
préstamo hipotecario destinado a la adquisición, construcción o terminación de
viviendas.

La adjudicación se hará a los beneficiarios en igual proporción a la que les
corresponda en el montepío respectivo.

El precio de venta se cancelará en conformidad a las disposiciones del DFL N° 2, de
1959.

99°.- Facúltase a los Consejos de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos para condonar
los saldos de las deudas hipotecarias que hubiesen tenido con la institución, al 30 de
Septiembre de 1967, los imponentes desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe,
siempre que dichas deudas no hayan estado afectas a seguro de desgravamen.

100°.- Sin perjucio de lo dispuesto por los artículos 91° y 96°, las
disposiciones de los artículos 92°, 93°, 94°, 95°, 97° y 98° entrarán en vigencia
a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

ARTICULO TRANSITORIOS

1°.- Las personas que hubieren sufrido accidente del trabajo o que hubieren
contraído enfermedad profesional, con anterioridad a la fecha de la presente ley, y que a
consecuencia de ello hubieren sufrido una pérdida de su capacidad de ganancia,
presumiblemente permanente, de 40% o más, y que no disfruten de otra pensión, tendrán
derecho a una pensión asistencial que se determinará en la forma que este artículo
establece.

Los interesados a que se refiere el inciso anterior entrarán en el goce de sus
respectivas pensiones desde el momento del diagnóstico médico posterior a la
presentación de la solicitud respectiva.

También tendrán derecho a pensión asistencial las viudas de ex pensionados de
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que hubieren fallecido antes de la
vigencia de la presente ley y las viudas de los actuales pensionados por la misma causa
que fallezcan en el futuro, siempre que no disfruten de otra pensión. La pensión se
devengará desde la fecha de la respectiva solicitud.

Las pensiones a que se refiere este artículo se otorgarán por el Servicio de Seguro
Social, y su monto será fijado por el Consejo Directivo del mismo, y no podrá ser
inferior al 50% de las pensiones mínimas que correspondan a los accidentados o a sus
viudas, de acuerdo con la presente ley, ni exceder del 100% de las mismas.

No obstante, las personas a que se refiere el inciso primero que hubieren continuado
en actividad y se encuentren, a la fecha de la publicación de la presente ley, como
activos en algún régimen previsional, tendrán derecho a que el monto de la pensión que
les corresponda no sea inferior al 30% del sueldo base determinado en la forma preceptuada
por la ley N° 10.383, ni superior al 70% de dicho sueldo base.

El Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social podrá destinar para el
financiamiento de este beneficio hasta el 5% del ingreso global anual del Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Para este efecto, los demás
organismos administradores deberán traspasar al Servicio de Seguro Social los fondos que
correspondan a un porcentaje idéntico al determinado por el Servicio.

Un Reglamento que dictará el Presidente de la República fijará las normas y demás
requisitos para el otorgamiento de estos beneficios; como, también, la forma y
condiciones en que podrán tener derecho a otros beneficios previsionales en sus calidades
de pensionados del Servicio de Seguro Social.

Concédese el plazo de un año, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley
o desde la fecha del fallecimiento del causante en el caso de los que fallezcan en el
futuro, para acogerse a los beneficios que otorga el presente artículo.

El derecho a los beneficios previstos en este artículo es incompatible con el goce de
cualquiera otra pensión.

2°.- El Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
del Servicio de Seguro Social, que se crea por el inciso segundo del artículo 9° de la
presente ley, tendrá como jefe al funcionario que a la fecha de entrar en vigencia la
presente ley tenga el carácter de Vicepresidente de la Caja de Accidentes del Trabajo,
quien, para todos los efectos legales, conservará los derechos y prerrogativas inherentes
a su calidad actual.

3°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 82° de la presente
ley, y dentro del plazo de 30 días contado desde su publicación, las Compañías de
Seguros entregarán a la Superintendencia de Seguridad Social una nómina del personal de
sus secciones de accidentes del trabajo y de los empleados de departamentos o secciones
administrativas que estaban realizando funciones relacionadas con accidentes del trabajo
al 31 de Diciembre de 1966, y que las Compañías se dispongan a despedir con motivo de la
aplicación de la presente ley.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la calificación definitiva
de las mencionadas nóminas, y en especial determinar si el personal incluido en ellas ha
desempeñado o no las funciones a que se refiere el inciso anterior. Estas decisiones no
serán susceptibles de recurso alguno.

La Superintendencia de Seguridad Social, para la determinación de lasrentas de estos
personales, a que se refiere el inciso segundo del artículo 82°, no considerará los
aumentos que les hubieren concedido durante el curso del año 1967, salvo los que hubieren
sido concedidos por las leyes sobre reajustes, o por convenios que hubieren afectado a la
totalidad de los empleados de la respectiva compañía, o por ascenso.

4°.- Las garantías constituidas en conformidad al artículo 22° de la ley
N° 4.055, continuarán vigentes y se entenderán hechas para todos los efectos legales,
ante el Servicio de Seguro Social.

No obstante, los patrones podrán rescatar la obligación correspondiente pagando a
dicho Servicio el capital representativo de las respectivas pensiones.

5°.- Las compañías que contraten seguros de accidentes del trabajo
deberán atender, hata su término, los contratos vigentes y continuar sirviendo las
pensiones, pero no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas contingencias, ni
renovar los vigentes.

Las Compañías de Seguros garantizarán con hipoteca o cualquiera otra caución
suficiente, a favor del Servicio de Seguro Social, calificada por este Servicio, el pago
de las pensiones, hasta su extinción.

6°.- Los empleadores que estén asegurados en la Caja de Accidentes del
Trabajo, en compañías privadas, estarán exentos de la obligación de hacer las
cotizaciones establecidas en esta ley hasta el término de los contratos respectivos.

Transcurrido un año, contado desde la vigencia de la presente ley, las entidades
empleadoras deberán efectuar en los organismos administradores que correspondan la
totalidad de las cotizaciones que resulten por aplicación de la presente ley. Los
trabajadores cuyos empleadores estén asegurados a la fecha de la vigencia de la presente
ley en alguna compañía mercantil, tendrán los derechos establecidos en la presente ley
en caso que durante el plazo de vigencia de las respectivas pólizas, se accidenten.
Asimismo, los trabajadores cuyos empleadores, a la fecha de la vigencia de la presente ley
hubieren estado asegurados en la Caja de Accidentes del Trabajo o en alguna Mutualidad,
tendrán también derecho, desde la vigencia misma de la presente ley, a los beneficios en
ella consultados, considerándolos, para todos los efectos derivados de la aplicación de
la presente ley como afiliados, a partir desde su vigencia, en el Servicio de Seguro
Social o en la Caja de Previsión respectiva, o en la Mutualidad de que se trate.

7° Las rebajas a que se refiere el artículo 16° sólo podrán comenzar a
otorgarse después de un año contado desde la promulgación de la presente ley.

Además, el Presidente de la República queda facultado para prorrogar el plazo
anterior hasta por otro año más.

8°.- El personal que actualmente se desempeña a contrata en la Caja de
Accidentes del Trabajo, deberá ser encasillado en la Planta en las mismas condiciones
establecidas en el inciso primero del artículo 82° de la presente ley.

9°.- El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo que a la fecha de
vigencia de la presente ley desempeñe de hecho las funciones de auxiliar de enfermería,
podrá obtener dicho título, previo examen de competencia rendido ante una comisión
designada por el Director del Servicio Nacional de Salud, sin que para ello se necesiten
otros requisitos.”

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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y
llévese a efecto como ley la República.

Santiago, veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y ocho.- EDUARDO FREI
MONTALVA.- William Thayer.- Ramón Valdivieso.